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El País

El caso del cadete en La Rioja “Baile” con la muerte”

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El caso de Emanuel Garay debe ser la punta de lanza para erradicar siniestras “tradiciones” en escuelas de policías. El recuerdo del caso Carrasco

Emanuel Garay, cadete de la Escuela de policía de La Rioja de 19 años de edad, es apenas otra víctima que se cobró la brutalidad enraizada en los sistemas disciplinarios y educativos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Argentina. Brutalidad que se manifiesta históricamente con conductas autoritarias, abusivas, y que se resume en el inofensivo término de “baile”, que enmascara la tortura y en este caso a la muerte.

Bajo el sol incendiario, con temperaturas que excedían los 40 grados, su cuerpo no resistió los prolongados ejercicios físicos extremos que le reclamaban sus instructores para aceptarlo como alumno, mientras le negaban el agua para hacer más exigente la prueba. Sus compañeros lograron sobrevivir, algunos a duras penas

Más que el esfuerzo descomunal, el calor y la sed, a Garay lo mataron los comportamientos crueles que rinden tributo a nefastas supuestas “tradiciones” que sobreviven contra toda humanidad en instituciones como en este caso la escuela de la Policía riojana, entremezcladas con el concepto erróneo de que la virilidad puede tener algo que ver con esas prácticas bárbaras. La falacia de que hacen “más hombre” o”más macho” a quienes se someten a ella y las soportan.

Un infierno con el que deben lidiar los jóvenes como Garay que por vocación o necesidad intentan labrarse un futuro en las fuerzas policiales, y pagan el precio del sufrimiento y hasta llegan a perder la vida.

Parece increíble que generaciones enteras de argentinos hayan tenido que padecer ese tipo de situaciones violentas durante décadas, hasta que el martirio y la muerte del soldado Omar Carrasco en 1994 obligó a los políticos a terminar con el abusivo Servicio Militar Obligatorio. Antes, los “bailes” y las torturas físicas habían sido sufridos hasta por los soldados que fueron a dar la vida en las Malvinas en la aventura bélica absurda de los militares que usurparon el gobierno y querían perpetuarse en él.

La muerte de Garay parece demostrar que la brutalidad no puede eliminarse por ley de los comportamientos de quienes están convencidos de que una jineta en la manga les da el poder de vulnerar los derechos humanos de los inferiores jerárquicos o de los aspirantes, o de satisfacer el enfermizo impulso de aplicar a otros los tormentos que el sistema les hizo padecer “por tradición”.

La escuela fue clausurada y las máximas figuras de la Seguridad y la Policía provinciales fueron echadas y quedaron a disposición de la Justicia para responder por el crimen que tuvo por víctima a Garay. Pero el joven habrá muerto en vano si su sacrificio no se convierte en oportunidad.

En esta Argentina donde los avances en materia de Derechos Humanos demandan mártires para consumarse, es deseable que la irreparable muerte de Garay sirva para una profunda transformación en los sistemas educativos policiales y castrenses. Y que los instrumentos para erradicar la violencia no sean el castigo, la amenaza y el miedo, sino la persuasión para imponer los cambios culturales y humanitarios tan necesarios para que nadie, nunca más, “baile” con la muerte.

TN

 
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El País

Citaron a indagatoria al director de la Anses, Emilio Basavilbaso

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Se investiga si el Estado fue perjudicado con una venta de acciones

Emilio Basavilbaso, el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), será el primer funcionario relevante del gobierno de Mauricio Macri en declarar en indagatoria por sospechas de corrupción.
El juez federal Claudio Bonadio lo citó a indagatoria para el próximo 7 de agosto en la causa en la que se investiga si la venta de acciones de Petrobras Argentina (PESA) que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) generó un perjuicio para el Estado. Las acciones de PESA que tenía la ANSES desde la estatización de las AFJP durante el kirchnerismo fueron adquiridas por Pampa Energía, la firma del empresario Marcelo Mindlin.
En el expediente a cargo de Bonadio declararon varios testigos y se acumuló información en la investigación en la que se trata de determinar si con la venta de Petrobras Argentina a Pampa Energía hubo un negocio que perjudicó a las arcas públicas.
En el expediente se acumularon dos denuncias realizadas por los diputados nacionales Victoria Donda y Rodolfo Tailhade sobre operaciones hechas por el FGS. La denuncia de la diputada por Libres del Sur es la que hacía referencia específica a la venta de acciones de Petrobras en poder del Estado.

La adquisición de acciones se produjo en noviembre de 2016, luego de que Pampa Energía comprara el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina. Eso llevó al grupo de Mindlin a lanzar una oferta pública obligatoria de adquisición (OPA) para ofrecerles a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. El FGS de la ANSES tenía el 11,85% y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción. Por aquella operación el FGS recibió algo más de $2.482.00.000. Tras la fusión con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina treparon a un valor que ronda los $18.

El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, imputó a varios funcionarios macristas por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública. Entre ellos se encuentran quienes integraban el Comité Ejecutivo del FGS. Ese órgano estaba integrado en la época de la operación investigada también por el secretario de Finanzas, el secretario de Hacienda y el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, quienes en esta etapa de la investigación no fueron llamados a indagatoria.
Además de Basavilbaso, que encabeza el FGS, deberán declarar ante Bonadio otros integrantes del Fondo al momento de la operación. Serán indagados Ricardo López Antonelli, quien era director de Estrategia de Activos Financieros del FGS, Leandro Toriano, que era director de Riesgo Crediticio, Fernando Recalde quien era director general de Inversiones, Matías Tamburini, que ocupaba el cargo de director general de Operaciones, y Luis María Blaquier, que era subdirector ejecutivo de Operaciones. Blaquier, Tamburini y Recalde integraban el comité de Inversiones del FGS.
Bonadio programó las indagatorias para que comiencen el 30 de julio próximo y se extenderán hasta el 7 de agosto cuando tenga que declarar Basavilbaso.


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El País

Citaron a indagatoria a Cristóbal López y Lázaro Báez en una causa por lavado de activos

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La investigación se inició por una denuncia de Margarita Stolbizer en la que se indaga sobre sucesivas transferencias de dos terrenos en Comodoro Rivadavia en los que se iban a construir un shopping y un hotel

El juez federal Sebastián Ramos citó a indagatoria a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Lázaro Báez en el marco de una causa iniciada por una denuncia de Margarita Stolbizer. Según la presentación hecha por la ex diputada nacional a través de su letrada Silvina Martínez, empresas de la que los imputados son dueños realizaron una serie de operaciones inmobiliarias que podrían encuadrar en maniobras de lavado de activos.

En el escrito, Stolbizer describió sucesivas operaciones de compraventa con muy pocos meses de diferencia con una sobrevaloración exorbitante de un terreno ganado al mar ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
El predio pertenecía a la firma Servicio Integral Alem SRL, dedicada a la venta de cubiertas y accesorios para rodados, cuyo socio mayoritario es Lázaro Báez. Ese lote había sido cedido a Báez por la municipalidad local en 2011 y a cambio el empresario kirchnerista se comprometió a pavimentar dos cuadras de la calle Juvenilla, obra que tenía un costo estimado en $875.454.

Ese acuerdo fue aprobado por los socios de Servicio Integral Alem el 31 de marzo de 2014. La firma de Báez beneficiada por el municipio de Comodoro Rivadavia era una gomería y por lo tanto no contaba ni con los recursos materiales ni humanos para realizar la pavimentación de la calle. Sólo 15 días después, la sociedad que operaba la gomería de Lázaro Báez le vendió el lote en cuestión a la empresa Inversora M&S S.A., propiedad de Cristóbal López, en $1 millón.
De acuerdo con la denuncia de Stolbizer, la maniobra no terminó ahí, ya que Inversora M&S S.A. le vendió el terreno al Banco Finansur, también propiedad de Cristóbal López, en USD 2 millones.

Es decir, en un período de cuatro meses, un predio cedido por la municipalidad de Comodoro Rivadavia a cambio de una obra de poco más de $800.000 fue cambiando de manos, pasando por sociedades comerciales que tenían el mismo dueño y se pagó por el lote más del doble de la valuación original. Según Stolbizer, las partes involucradas en las distintas ventas pertenecían a una misma organización criminal y tenía dos objetivos: por un lado, obtener ganancias como producto de la venta y, por el otro, lavar dinero obtenido de forma ilícita.

El fiscal Gerardo Pollicita amplió el requerimiento de instrucción por considerar que debían incorporarse al objeto procesal las transferencias y cesiones de derecho de otro lote adyacente al mencionado en su denuncia por Stolbizer. El terreno había sido transferido a Urbanizadora Gea S.A., empresa del grupo Indalo. Esta misma sociedad fue beneficiada resultando ganadora de un concurso de ideas para el desarrollo y construcción en los lotes mencionados de un centro comercial, el Museo de Energías, edificios para viviendas, oficinas y un hotel.
El juez federal Sebastián Ramos citó a prestar declaración indagatoria a Fabián de Sousa para el 14 de junio, a Cristóbal López para el 15 de ese mes y a Lázaro Báez para el 18 de junio.


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El País

El arquitecto que atropelló y mató a su empleado seguirá detenido por riesgo de fuga

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Lo confirmó el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, que también aseguró que están investigando qué pasó antes y después del hecho.

Juan Pablo Sbarbati, el arquitecto que atropelló y mató a uno de sus empleados en la Panamericana, seguirá detenido por la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. Su defensa presentó un pedido de excarcelación, pero el juez de Garantías de Pilar, Walter Saettone, explicó que tiene cinco días para reconsiderar su decisión.

“Estamos frente a un homicidio culposo. Y ahora estamos investigando lo que pasó antes y después del hecho”, aclaró el magistrado en diálogo con TN. Para la Justicia, todavía no hay indicios para sospechar que se trate de un delito doloso, es decir con intención. Sino que, hasta el momento, todo indicaría que fue un caso de imprudencia al volante.

Sin embargo, el juez aseveró que para determinar realmente lo que sucedió y disipar todo tipo de rumores, es necesario realizar una pericia. En especial, para confirmar las versiones de los testigos que detallaron que la víctima había estacionado su auto en la banquina y con balizas.
El paso a paso del incidenteEl hecho fue el lunes, poco después de las 16, cuando el arquitecto iba a buscar a su hijo al colegio. Según las versiones, manejaba a contrarreloj porque llegaba tarde. A la altura del kilómetro 45,5 de la Panamericana, Sbarbati impactó con su Honda Civic contra otro vehículo que estaba detenido por un supuesto problema técnico. El hombre, en vez de quedarse para auxiliar a la víctima, abandonó la escena.
Por el choque, Edgardo Leonardo Nava, de 58 años, salió despedido a unos siete metros del lugar y murió ese mismo día en el Hospital Municipal Sanguinetti de Pilar por politraumatismos.La policía local logró encontrar al arquitecto al quedar registrado por las cámaras de la Autopista del Sol. Después de analizar las grabaciones, pudieron detectar que a su Honda Civic le faltaba el espejo retrovisor y tenía abollado el capó.
Las sospechas de la familia de la víctima
Tras la repercusión mediática que tuvo el caso, los investigadores confirmaron que Nava era un yesero que trabajaba para el arquitecto y, de hecho, el lugar en donde fue atropellado está muy cerca de su estudio, ubicado en la calle Caamaño de Pilar.

“Todo el mundo se da cuenta que hay algo raro”, sostuvo el hermano de la víctima, Juan Nava, en TN. Sobre las versiones que indican que el empleado había frenado por una falla técnica, la información que recibió su familia por parte de la policía fue otra. “El auto se detuvo en la banquina del carril lento y no tenía desperfectos”, confirmó Juan.
“Tenemos mil películas en la cabeza pero no sabemos qué pasó”, manifestó el hombre, y señaló que el teléfono celular de su hermano fue incautado y será peritado para ver si en él encuentran algún elemento que ayude a reconstruir los últimos minutos de la víctima.


tn

 
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